El desacato o la renuencia de las personas que no comparezcan ante el Senado y la Cámara de Diputados o sus comisiones, que hayan sido citadas conforme a las disposiciones legales, sería sancionado con una pena de tres a seis meses de prisión y con una multa de entre 20 a 100 salarios mínimos del sector público, de ser aprobado un proyecto de ley orgánica de Fiscalización y Control que estudia la cámara baja.
La sanción por desacato está contemplada en dos iniciativas, que estudian en ambas cámaras legislativas.
Pero el proyecto de ley que prevé esas penas y multas es el estudiado por la Comisión de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados, que fue presentado por el presidente de ese órgano legislativo, Alfredo Pacheco, y por el diputado reformista por Santiago, Máximo Castro Silverio.