Desde la toma de la primera magistratura del Partido Moderno (PRM), con Luis Abinader a la cabeza, un grupo que se hace llamar independiente y sociedad civil asaltó el poder y tomó como suyo lo que políticamente le corresponde a las bases de ese partido.
Si bien es cierto que existen empleados de carrera como médicos, enfermeras, profesores, diplomáticos y otros, también es cierto que cientos de miles son de libre remoción; puestos que por lo común se les otorgan a los partidarios de una admiración.
Siempre ha sido así y así es en todos los países desarrollados o subdesarrollados.
Partidarios o no de la gestión del Presidente, de acuerdo o no con sus ejecutorias, participes o no de las críticas hacia el mismo, en algo todos están cónsonos: Luis debe gobernar con los que lo llevaron a ganar.
Si el Presidente Luis Abinader cae en la trampa que cayó el expresidente Danilo Medina, que mensualmente le llevaban una encuesta diciendo que él tenía un 80%, que su liderazgo estaba encima del partido PLD y que no necesitaba a nadie para ganar, le sucederá peor que a este.
Cualquier país se parece a República Dominicana, pero República Dominicana no se parece a ninguno. En esta nación no importa el liderazgo que sea, si prescinde de las estructuras de los partidos puede ser el más popular, el más serio, el más honesto y sólo sacará los votos de su familia y quizás.
Las estructuras partidarias, que son quienes controlan las bases de los partidos, son las que llevan la gente a votar y movilizan el sufragio el día de las elecciones. Además estas estructuras son las que defienden el voto de las diabluras que se suscitan en las mesas electorales, lugar donde se ganan y se pierden las elecciones.
Precisamente esas estructuras, en este caso las del PRM, les dieron plazo o fecha: enero 2021.
A los perremeistas se les dijo que en este mes serían integrados a la nómina pública, al punto de que sus esperanzas se cristalizarían en el acceso a un puesto público.
En cambio los apellidos sonoros, que ahora son parte del gobierno, hablan de una reducción de la nómina pública, de menos gastos y de eliminación de nóminas innecesarias, lo que contradice el discurso de que los del PRM formarían parte del tren estatal.