EE.UU. denuncia abusos policiales en el país e intimidación a miembros de la prensa
El Departamento de Estado de los Estados Unidos denunció que en la República Dominicana aún persisten los abusos policiales y las condiciones en las que se encuentran los reclusos en las cárceles siguen siendo deplorables.
Las afirmaciones son parte del informe de la situación de los Derechos Humanos en la República Dominicana, según el informe elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Los datos son el levantamiento de la situación del año 2021
“Se recibieron informes creíbles de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos. Entre los problemas significativos de derechos humanos se incluyen informes creíbles de: asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno. Tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte de la policía y otros agentes del gobierno”, detalla el informe.
Asimismo, indica que las condiciones penitenciarias son severas y que ponen en peligro la vida. Además de detenciones arbitraria, violencia policial contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales”.
Estados Unidos: “Gobierno RD influyó en la prensa a través de los contratos de publicidad”
El informe está disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3JycsAY
Se produjeron incidentes en los que las autoridades intimidaron a miembros de la prensa…
«Censura o restricciones de contenido: Los periodistas practicaron la autocensura, sobre todo cuando la cobertura podía afectar negativamente a los intereses económicos o políticos de los propietarios de los medios. Los observadores sugieren que el gobierno influyó en la prensa a través de los contratos de publicidad. En julio de 2020, la dirección de comunicaciones del gobierno publicó informes de gastos en publicidad que sumaban más de 1.050 millones de pesos (18,5 millones de dólares) en ocho años», dice el informe sobre derechos humanos.
El 10 de febrero, el diputado oficialista Sergio «Gory» Moya presentó una demanda contra el investigador privado Ángel Martínez, con sede en Miami, por supuesta difamación e injuria. En agosto, un juez emitió una orden de arresto contra Martínez, basándose en las acusaciones de que Martínez había violado la ley de delitos de alta tecnología. Moya solicitó que el tribunal condenara a Martínez a un año de prisión y le obligara a pagar 10 millones de pesos (177.000 dólares) por mdaños y perjuicios.
Casos de abusos policiales
Las autoridades norteamericanas indican que durante el 2021 recibió varios informes sobre asesinatos arbitrarios o ilegales cometidos por agentes del gobierno. Y las ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de agentes de la Policía Nacional fueron un problema.
Detalla que según la Comisión Nacional de Derechos Humanos más de 4.000 personas murieron durante enfrentamientos con la policía o las fuerzas de seguridad entre 2010 y abril de 2021.
Además, de que la Procuraduría General de la República había reportado hasta octubre que la policía había asesinado a un total de 41 personas. Pero, desconocía el número exacto de esas ejecuciones extrajudiciales.
Entre los casos que menciona el informe se encuentran el asesinato de la pareja de pastores en Villa Altagracia y el de Leslie Rosado. Ambos casos a mano de agentes de la uniformada en el 2021.
Arrestos ilegales e independencia
Denuncia que aunque la ley establece que un recluso no debe permanecer más de 48 horas detenidos sin presentarles cargos. Existen informes de detenidos que permanecen en las comisarías por largos periodos de tiempo, incluso semanas.
Al tiempo de alertar de que esos destacamentos no disponían de las condiciones físicas adecuadas. Ni de los recursos para atender a los detenidos por tiempo prolongado.
El Departamento de Estado reconoce que el gobierno de Luis Abinader respeta la independencia del Ministerio Público y el Poder Judicial. Contrario a lo que ocurría en años anteriores.
En comparación con años anteriores, los observadores independientes señalaron que por lo general el gobierno respetaba la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. El presidente respetó la independencia de la Procuraduría General y dio instrucciones a los altos funcionarios para que hicieran lo mismo.