EL PODER Y LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRATICA

Se ha dicho y creído que los gobiernos no gobiernan, sino que existen grupos o sectores sociales invisibles detrás del poder que ejercen sobre estos una gran influencia basada en su capacidad de presión, aunque al margen de las institutas políticas, para imponer y determinar sus agendas a los gobiernos, y poder controlar en gran medida el funcionamiento del Estado.

Esto ha sido definido como “los poderes facticos”, quienes exceden los límites del Estado y se caracterizan por su influencia para desplegar, en función de sus intereses, manifestaciones de hecho, más allá de las concepciones teóricas que se imponen por la fuerza de la realidad, e intentan modelar, según sus conveniencias, al poder político.

Según Fredery Burgos Sánchez, “en la República Dominicana los poderes facticos descansan en las cúpulas empresariales organizadas, en las cúpulas de las iglesias, en familias económicamente poderosas, en la prensa, en los Partidos Políticos y en la cúpula de las estructuras militares”.

A partir de la realidad latinoamericana, en el ejercicio del poder político, limitado por el peso de los grupos sociales determinantes que se sitúan dentro de los poderes facticos ya definidos, en la Republica Dominicana el gobierno pasado (2012-2020), dirigido por un funesto Presidente que prestó notable atención a salvaguardarse a sí mismo imponiendo desde el poder un plan para despejar los estorbos a su agenda de perpetuarse en el poder estatal más allá de los límites fijados por la Constitución Dominicana, lo cual le obligaba a reclutar esos sectores para persuadir a la sociedad a mantener un entusiasmo colectivo inusitado hacia un gobierno de facciones democráticas fingidas.

Fijó su plan a la inversa, es decir, impuso él la presión desde el poder aplicando estrategias tácticas para situar “los poderes facticos” en posiciones estatales que les hacían compromisario con el gobierno. Por ejemplo, a las iglesias les dejó en sus manos los recursos presupuestados para las actividades de asistencia social, a los partidos los nucleó en estructuras administrativas de primer orden, a los miembros del Comité Político del PLD les dio posiciones administrativas que parecían eternas, y hacia lo interno le proveyó del poder de decidir la suerte de sus organismos; a la cúpula militar les entronizó en sus rangos y les exoneró de cualesquier fiscalización al manejo de los recursos que se presupuestaban para avituallamiento, distribución de mandos, etc.; a las cúpulas empresariales les permitía ser parte de los grandes negocios del Estado (punta catalina, negocios eléctricos, aprovisionamiento a salud, educación, importaciones, etc…); a la prensa les creó una estructura económica (Dicom) desde donde surgieron grandes corporaciones comunicacionales (televisiva, radial, canales sociales-redes, programas, etc..), a través de los cuales se silenciaba la crítica al gobierno y se promovían las visitas sorpresas, como actos de nobleza gubernamental, todo ello dirigido a posicionar la imagen del presidente para convertirlo en Monarca.

Las manipulaciones eran evidentes, las presiones sociales solo servían para orientar el rumbo del poder y crear mejores fuentes de información que permitiera una eficaz actuación del gobierno y mutar sus acciones en aras de mantener la hegemonía de los “poderes facticos” en torno a sus propósitos continuistas.

De suerte que, todo cuanto esfuerzo hizo esa estructura de mafia económica, política y social, produjo una concienciación colectiva y unió a las grandes mayoría para dar al traste con tan descabellados objetivos, y usando el ejercicio soberano de la voluntad popular, empujada por la juventud ávida de mejor suerte, fue posible cambiar el derrotero creado y la Republica Dominicana parió un nuevo gobierno.

La nueva Procuraduría General de la Republica, inaugurada con el compromiso de responder exclusivamente a los mandatos de la Constitución y las leyes, trajo de recién data “la Operación Caracol”, cuyo proceso de investigación se encuentra en la fase inicial, pero que ha puesto al descubierto las más insólitas y asombrosas maniobras administrativas ejecutadas por una cúpula militar, asociada a una iglesia, para defraudar al estado a través de un entramado mafioso que surgió como consecuencia de la complicidad del poder político del Estado y los poderes facticos que pululan en los Países de América Latina, cuyos intereses se mueven en función de los beneficios que obtengan como consecuencia de la presión que ejerzan sobre los gobiernos.

A pesar de que la constitución otorga un gran peso al Poder político, conforme la división tripartita, en la realidad donde existe una relevante condición en el ejercicio de la acción más importante del Estado, es en el poder Judicial, porque éste está llamado a hacer fuerte la institucionalidad democrática, es quien hace eficaz la fuerza de las instituciones por efecto de la aplicación de las normas, y porque, además, hace que surja la vigencia constitucional para imponer los límites al poder.

El artículo 146 de la Constitución Dominicana establece la proscripción de la corrupción, pero a quien le corresponde sancionar la violación a ese principio dogmático constitucional es al poder Judicial, cuyo canal de entrada lo es el Ministerio Publico, como órgano creado para investigar y perseguir los actos de la administración pública que se comprometan con el ilícito penal que tipifica este delito.

El texto constitucional referido más arriba (Art. 146) dice textualmente: “se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. En consecuencia: 1) Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico; 2) De igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados; 3) Es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente; 4) A las personas condenadas por delitos de corrupción les será aplicada, sin perjuicio de otras sanciones previstas por las leyes, la pena de degradación cívica, y se les exigirá la restitución de lo apropiado de manera ilícita; 5) La ley podrá disponer plazos de prescripción de mayor duración que los ordinarios para los casos de crímenes de corrupción y un régimen de beneficios procesales restrictivo”.

Según refiere la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales “Elsevier”, en un trabajo publicado por Raúl Trejo Delarbre, titulado “Al margen de las normas democráticas”, “en América Latina, los poderes fácticos se han constituido en uno de los atascos más importantes para las transiciones políticas”.

El ejemplo vivo de la realidad descrita por el trabajo referido más arriba, lo constituyen los más recientes procesos de investigación de corrupción administrativa, tanto “Caracol, pulpo, Odebrecht”, siendo este último uno de los casos de corrupción más grandes en la historia reciente de América Latina y que abarca más de 30 años de actividad en el área.

Huelga decir que el caso “odebrecht” se fundamenta en una investigación salida del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con 10 países más de América Latina, contra la constructora brasileña Odebrecht, la cual realizaba sobornos a presidentes, expresidentes y funcionarios de los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Panamá, República Dominicana, Perú, Ecuador, Venezuela, México, Estados Unidos, Guatemala, entre otros.

Al parecer, el funesto asesor político Joao Santana, persona a quien el también funesto presidente recién pasado, le dedicó un reconocimiento por el triunfo electoral obtenido en República Dominicana en el año 2016, a pesar de que éste ya se encontraba preso en Brasil por sus andanzas de corruptela, trazó su plan maestro de estrategia política para permear los poderes facticos del Estado Dominicano y convertirlos en unos aliados fanatizados del Gobierno, cuyo entusiasmo le haría vivir los encantos más maravillosos de su liderazgo y le catapultaría en el poder más allá de los límites constitucionales previamente establecidos.

Sin embargo, olvidaban los actores de tan ignominiosa tarea, que la construcción de la democracia ha transitado por largos y tortuosos caminos durante la historia republicana de este país, y que la interconexión del mundo a través de los mecanismos de comunicación que ha impuesto la modernidad, suponía que se erigirían denuncias sociales permanentes sobre la obligación del cumplimiento de las reglas y los compromisos por parte de todas las fuerzas sociales y políticas para la competitividad y la representación electoral, produciendo esto una alianza espontanea entre todos los sectores, que incluyó la creación de nuevos poderes fácticos en nuestras clases sociales, para alentar el proceso de cambio que habrá de crear nuevos paradigmas en la dirección del Estado.

Se recuerda que las Naciones Unidas para el Desarrollo, mediante un estudio sobre las condiciones de la democracia en América Latina, realizó una encuesta entre líderes políticos y sociales, y comprobó que “El 79.7% de los dirigentes consultados en América Latina resalta la influencia sobre los gobiernos de los empresarios y el sector financiero; un 65,2% dijo que los medios de comunicación tenía una mayor influencia en el poder”. Obviamente esas estadísticas eran bien conocidas por el ex gobernante Danilo Medina y por eso creó esas mafias económicas, políticas, religiosas, militar, de prensa y publicidad, para ser dirigidas desde el Poder.

Una corriente de cambio se levanta poderosa en el horizonte de la Republica Dominicana, prevista y abordada por Norberto Bobbio, filósofo y político Mexicano, cuando reflexionó acerca de que “los actos del poder público deben ser, precisamente, abiertos y sujetos al más amplio escrutinio. Lo contrario, es el “poder invisible” que se contrapone con el ideal democrático”.

Desde el gobierno no se puede montar un ataque feroz a la Constitución, ni se puede propugnar por su modificación para acomodar ésta a los intereses del poder del momento, esas son agresiones, que, tal como ocurrió en Italia, despiertan la conciencia nacional y se produce una sensación de que se pretende crear a un hombre omnipotente frente a la mayoría, y entonces surge un sentimiento generalizado del retorno a la normal opción democrática del relevo institucional del gobierno, y tomando el consejo de Ferrajoli, surgen “los hombres del pueblo a favor del gobierno de las leyes”.

Los resultados de la afrenta que el gobierno recién pasado dejó fue una sed de justicia que ha puesto de moda, suena y resuena por todas partes un disco de Freddy Gerardo que dice “los queremos presos, los queremos presos”.

Mientras tanto, no importa lo que se ha hecho y lo que se ha dicho, lo que el Pueblo Dominicano espera, no es la trascendencia o influencia de los poderes facticos sobre el gobierno del cambio, ni cuanta influencia tenga un funcionario en la sociedad donde ejerce sus funciones, sino que cada quien cumpla con el principio de proscripción de la corrupción administrativa en el gobierno y marque un antes y un después, desde donde se fortaleza el sistema democrático, la supremacía constitucional, la vigencia y eficacia de las leyes. Los límites del poder lo impone el poder constituyente.

Buenas noches!