La Edad del Conflicto entre nosotros

IV

Ya con esta cuarta entrega de La Edad del Conflicto, tal como les prometiera, habré concluido en el propósito de demostrar, a grandes rasgos, la naturaleza siniestra del fenómeno criminal que nos ha venido asediando y cuáles han sido los esfuerzos jurídicos, políticos, sociales, en el ámbito internacional que el Estado nuestro ha llevado a cabo, buscando recabar solidaridad, asistencia y apoyo logístico de gran nivel para resistirlo.

Lo he querido hacer así porque con desafortunada frecuencia cuantas veces estalla uno de esos episodios escandalosos de tráfico de drogas o alguna muestra de protección de la autoridad al crimen o de actuaciones judiciales lamentables, se hace un uso indiscriminado y violento de afirmaciones que son injustas, pues, en realidad, la lucha se ha estado librando, aunque en desventaja creciente, preciso es reconocerlo.

Veamos, pues:

“XVI Reunión de Alto Nivel de Mecanismo de Coordinación y Cooperación en materia de Drogas

(UE-CELAC)

4-5 Junio 2012, Bruselas (Bélgica)

Comparecencia del Dr. Marino Vinicio Castillo R.

Narcotráfico. Sus hábiles cursos de acción y las políticas públicas regionales.

Agradezco la gentileza de los organizadores de este importante evento, que me han dado la oportunidad de hablar; lo haré desde ideas y convicciones oriundas de dos litorales:  el geográfico y el profesional.

Cuanto exprese, pues, estará condicionado por esos dos factores.  Confío en que este modesto esfuerzo pueda resultar de alguna utilidad en el seno de este Mecanismo de Coordinación y Cooperación en Materia de Drogas (UECELAC). 

Les prevengo que su contenido de testimonio se sustenta en vivencias honradas de bregas dramáticas de la vida pública de mi país, situado en el centro mismo del Caribe.

Pues bien, el hecho de ocupar la tribuna penal desde los 23 años me mantuvo muy adentro de los ámbitos intrincados del crimen tradicional, cuya comprensión y tratamiento se alcanzan, todavía, al través del uso de las nociones del Derecho Penal, la Criminología clásica y las propias normas procesales penales. 

Sin embargo, a partir del año 1957 comencé a tener noticias concretas y palpables de que en la parte oeste de la isla de Santo Domingo, en el vecino Estado, así como en la Cuba pre-revolucionaria, se venía estableciendo una presencia criminosa de índole desconocida hasta entonces en la región.

Fue bien obvio su modus operandi durante el gobierno de Batista en Cuba, como en el régimen de Duvalier en Haití.

Intuí que esa etnia criminal que se venía derramando exigiría para su comprensión del manejo de disciplinas que irían más allá del Derecho Penal y la Criminología tradicional; que terminarían por imponerse preocupaciones de geopolítica criminal, que harían necesario conocer y ahondar en las más vastas nociones de la sociología criminal.

Es decir, que el inveterado conflicto del Derecho Penal de los hechos vendría a rezagarse en su eficacia y que el crimen de trama y pertenencia a estructuras organizadas vendría a ser imperante.  Esto, de tal modo, que los medios sociales sufrirían ataques de opresiones horizontales y generalizadas, más o menos visibles, en capacidad de desestabilizar las instituciones, turbar la paz e introducir prácticas y componentes muy corrosivos en las costumbres.

Así fue como comencé a pensar en el trastorno que podría llegarnos, algún día, una vez cesara el sojuzgamiento político que yugulara nuestras libertades por casi un tercio de siglo, hasta el año ´61. 

Se sospechó que la democracia y las libertades públicas, tan necesarias para el verdadero desarrollo, podrían acarrear algún grado de peligro si esas fuerzas de mafias criminales lograban aposentarse mediante la insidiosa infiltración que caracteriza al Crimen Organizado, cuyas tramas y maquinaciones, inmateriales, inasibles y gaseosas, pasan a ser inadvertidas, mal percibidas, nubladas si se quiere por la violencia sanguinaria de sus hechos.  Algo que se encargaría de extraviar a la autoridad y a la ley, que persistirían en los patrones y predicamentos tradicionales atinentes al hecho criminal individual.

Naturalmente, aquella percepción primaria me condujo a entender que se enarbolaría el palio de las garantías individuales, de los derechos humanos y fundamentales, de las implicaciones del debido proceso, que tanto favorece el fortalecimiento del estado de derecho; que, asimismo, el garantismo indispensable y generoso de éste podría enviar un estimulante como equívoco mensaje al crimen, que terminaría por despreciar el juicio penal ordinario tomándolo como un insulso pasatiempo de la sociedad, ingenioso y divertido, claro está, premunido el crimen de las vulnerabilidades de un sistema judicial lábil, inexperto y sin tradición.

Sé bien que con ésto esbozo un tema doctrinal vivamente debatido en academias y legislaciones.

Lo cierto es que tomó algo más de tres décadas la infiltración de los factores más invasivos del Crimen Organizado entre nosotros y en los primeros tiempos, no fue captada su realidad; aquella oscura y trágica fase de implantación del fenómeno apareció como si fuera parte de un inocuo folklore que se expresaba en el regreso de centenares de jóvenes que habían emigrado, muchas veces en condiciones temerarias, primordialmente hacia Norteamérica, dotados de recursos económicos sorprendentes.

El medio social nuestro, pues, permaneció ajeno y desprevenido en los últimos veinte años del pasado siglo y la toma de espacios del Crimen Organizado se fue acomodando a las diversas ventajas y posibilidades que le pudieran brindar las instituciones, los estamentos de la política, los cuerpos militares y policiales, los colectivos empresariales y bancarios.

Sobre todo, no alarmó la comercialización expeditiva de activos inmobiliarios, particularmente en las áreas circundantes de costas y playas, que se ha venido a ver como una estrategia de gran alcance, muy silenciosa y efectiva.

Todos sabemos, de muchas maneras, cuál ha sido la potencia de la expansión del crimen del narcotráfico, pero es posible que algunos no tengan una noción aproximada de cómo en nuestro medio se produjo una mutación de las prácticas criminales, que han terminado por constituir un verdadero azote.

Hasta finales de siglo considerábamos que éramos un territorio de tránsito; ignorábamos que la habilidad para invisibilizar sus movimientos ya había arrancado en su puesta en marcha; y todo ello se vino a desembozar en la primera década de este siglo, que es cuando la sociedad  cae  en cuenta de que no era episódico el excentricismo folklórico de los jóvenes nuevos ricos, sino que se estaba produciendo la apertura masiva y grave de un mercado interno de consumo generador de legiones impresionantes de adictos de ambos géneros, así como un agresivo deterioro de la  seguridad ciudadana y la paz pública. 

Hoy se podría decir, no obstante, que ya es una realidad el hecho de que se está desarrollando un estado de conciencia y alerta propicio para la organización de una resistencia eficaz, aunque estamos muy conscientes de que se ha tenido que pagar un precio muy alto en lágrimas y sangre.

Las voces de advertencias y vaticinios que se levantaran, entre las cuales estaba la mía, muy al principio de la década de los ´80, fueron desoídas y merecieron un generalizado desprecio de muchos modos.  Los medios de formación de opinión y organizaciones de la sociedad civil consideraban tales advertencias simples muestras de un alarmismo infundado, o, en el mejor de los casos, un extravagante exhibicionismo un tanto histérico. 

Aún en estos momentos, siguen desentendidos de obligaciones sensitivas, destinadas a fortalecer el ánimo público, organizando el reproche social debido.  No aparecer víctimas qué mostrar por haber tratado el tema conforme al duro código del crimen, es harto elocuente: tolerancia complicitaria, miedo difuso o venalidad.

Sin embargo, el tiempo ha venido a dar algo de razón a quienes produjeron las advertencias y la complejidad de la situación que estamos confrontando ya es admitida como una trastornadora fase de la vida nacional, en la que se pueden avistar signos de descomposición y disolución de imprevisibles consecuencias.

¿Cuál es mi apreciación en el año ’12 de este siglo en relación a las características y las magnitudes del trastorno, en el caso nuestro?

He sostenido que Estados Unidos de Norteamérica, que mantuviera durante el período de Guerra Fría una activa y sensitiva presencia, más real que virtual, en la vida nacional nuestra, una vez cesaron las temibles tensiones de la ideología, cuando se vio declinar  todo aquello, y se pudo considerar, incluso, que “el tiempo heroico del idealismo revolucionario” había terminado en nuestro medio (que se había ido a los predios de la nostalgia y la reminiscencia), procedió a apartarse y a descuidarse de lo que ha debido de ser un deber de fundamental asistencia internacional.

Eso lo he definido muchas veces como la pro-tutela logística, tan útil para poder armar y reforzar la resistencia de un pequeño estado frente al embate de un Crimen Organizado opulento, cada vez más ávido de ocupar espacios vitales y destituir virtualmente al Estado en muchos de sus ámbitos de misiones y responsabilidades.

Ahora bien, para empeorarnos las cosas, Estados Unidos, frente a una problemática tan antigua y compleja como la colombiana, a fines del siglo pasado buscó pactar con sus gobiernos el llamado Plan Colombia.  Asimismo, frente a las urgencias tremendas que planteaba para México la agresiva actividad de sus Carteles del crimen, logró concertar la Iniciativa Mérida.  Ambos programas han conllevado la inversión de recursos muy cuantiosos y nosotros hemos permanecido propiamente inermes en medio de la tormenta del fenómeno criminal.

¿Cuál ha sido mi queja frente a esas dos Iniciativas poderosas en favor de procurar niveles de interdicción de droga efectivos?  La resumo de este modo: Quienes idearon el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida cometieron el muy grave error de inadvertir que el crimen tiene dirección estratégica de eficacia considerable que le derivaría hacia la periferia y que en esa periferia estaríamos tres estados: Haití, República Dominicana y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el cual hacemos su tercera frontera en el centro mismo del Caribe.

Así las cosas, desde el año 2000 y evidentemente en presencia del gravísimo trauma del 11 de septiembre del año 2001, Estados Unidos, he dicho muchas veces, se fue a sus guerras y no reparó en que nosotros, los débiles del Caribe, seríamos víctimas del arreciamiento del ataque del Crimen Organizado como nunca antes. Algo que ya ha llevado mi inconformidad al colmo de sostener que hemos tenido más bajas sociales que ellos en los trágicos azares de las guerras.

Haití ha padecido, no sólo el incremento posible de esa desafortunada coyuntura de imprevisión que he mencionado, sino que también resultó víctima de un diseño anterior, todavía más inexplicable y defectuoso, y esto a cargo de la Comunidad Internacional, porque en la hora de decidir su ocupación militar multilateral, sin plan de evacuación, se incurrió en el error de no poner dentro del mandato que las fuerzas de la Minustah  tendrían facultad para perseguir los cargamentos de drogas, pese a que Naciones Unidas fue la autora de la Resolución Única, del año de 1961, mediante la cual quedara la droga reputada como Crimen de Lesa Humanidad.

Nuestro caso no ha sido menos grave, bueno es retenerlo, pues pasamos los primeros ocho años de este siglo en un estado de deplorable indefensión y los Carteles de la droga, no solo hicieron un uso creciente e intensivo del tráfico tradicional, marítimo y por la frontera del oeste nuestro, sino que iniciaron operaciones aéreas delictivas.

Los Carteles, claro está, contaron con la benevolencia y la permisividad de un régimen político absolutamente inconsciente y desentendido de tales implicaciones, al grado de permitirles operaciones en puertos y puerto, a veces con normalidad y formalidad de prácticas comerciales normales.

Ahora bien, una vez aquella permisividad estatal cesara, aumentaron los vuelos criminales llegando a realizarse MÁS DE QUINIENTOS VUELOS, como una manera de evadirse de la hostilidad que el nuevo gobierno que se iniciara en el 2004 comenzara a desarrollar frente a sus operaciones disolventes.

En efecto, se trata de que en el año 2008 el gobierno de mi país, gracias a la cooperación del Brasil, logró obtener el crédito correspondiente para la adquisición de ocho aviones Super Tucanos altamente efectivos, buscando limpiar sus cielos de vuelos criminales y lo ha logrado plenamente.

¿Cuáles siguen siendo los percances fundamentales?  Escogeré uno de ellos: el  tiro libre y los  aterrizajes de vuelos ilícitos en Haití que han servido para que persista la turbación de los mares de Bahamas, South Caicos y la Costa Norte de la República Dominicana, buscando en ésta el movimiento que se puede reflejar en más o menos dos millones de contenedores anuales, que se manejan en sus puertos de gran calado (y un megapuerto de trasbordo trasatlántico), teniendo como trasfondo  las actividades de estructuras lícitas de zonas francas, así como las exportaciones de su producción agrícola.

Sin dudas hemos logrado algún progreso en la resistencia y por eso podemos recibir con agrado una reciente manifestación de aliento, cuando el Comando Sur de las fuerzas armadas norteamericanas acaba de dar un testimonio importante en su revista orgánica respecto al mérito de la eficacia nuestra al eliminar los vuelos criminales, ya participando en acciones interagenciales. 

Hay signos, pues, para el optimismo y la confianza de que se está restableciendo la pro-tutela logística norteamericana, especialmente con su auxilio tecnológico en la detección de las trazas de los vuelos criminales.  Esto ha incordiado a los Carteles, de tal forma, que ya están girando nueva vez hacia el oeste, volviendo a Centroamérica, buscando las posibilidades de hacer allí operaciones bajo riesgos menores.

En un evento como éste es donde pienso que se deben decir estas cosas y hasta permitirse algo que no sea un atrevimiento, sino más bien un énfasis reiterativo que merece respeto:  Es necesario e indispensable suprimir los vuelos ilícitos al vecino Estado de Haití, como una manera de privar a los carteles de ese territorio que, como expresara al principio, desde los tiempos de  Duvalier ha estado sirviendo de escenario para todas las inestabilidades y debilidades a que ha sido sometido el hermano pueblo, al grado de que su propio ejército resultó disuelto.

Ahora bien, me apresuro a no omitir que nosotros acabamos de tener una experiencia crítica en el orden político.  Se hizo muy evidente, como jamás había sido, que Carteles mexicanos impulsaron y patrocinaron en forma considerablemente abierta a fuerzas políticas en el recién pasado proceso electoral que, de haber triunfado, se hubiese constituido aquello en un dominio espacial sobre el territorio (con una voluntad política predispuesta a no entender). Esto, sumado al control que tienen los Carteles de espacios del vecino Estado del oeste, hubiese resultado una desgracia para todos, dado que toda la droga que pasa por la isla o va a Norteamérica o viene a Europa, con los perjuicios que ésto entraña.

Pienso que este esfuerzo del Mecanismo de Coordinación y Cooperación en Materia de Drogas (UECELAC) es muy valioso y que nos corresponde a todos desempeñar tareas intensas y mancomunadas, porque somos los actores naturales de este drama y es algo que nos exige brindar nuestros propósitos de cooperación y aumentar los grados de solidaridad y apoyo, que en el marco jurídico internacional están previstos y pautados, de manera cada vez más enfática y puntual.

Es de toda lógica, claro está, que la Unión Europea, como macroobjetivo del Crimen Organizado, por sus atractivos desdichados originados en la demanda enriquecedora en los niveles más altos de los precios de la diabólica mercancía, debe de participar, como en efecto lo viene haciendo, en todos los aspectos de los acuerdos protectivos y defensivos que están en curso.

Precisamente para librar batallas como ésta, y voy resumiendo el final, nosotros hemos consagrado en nuestra Constitución del año ´10, bajo la rúbrica de Fines de Alta Prioridad Nacional, en su Artículo 260, acápite Primero, lo siguiente: 

“Artículo 260.- Objetivos de alta prioridad. Constituyen objetivos de alta prioridad nacional: 1) Combatir actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses de la República y de sus habitantes; “

Ahora bien, para hacerles una prueba muy elemental de las distorsiones contradictorias en las que podemos estar atenazados, voy a transcribir el Artículo 2 del nuevo Código Procesal Penal que se pusiera en vigencia en nuestro medio al adoptarse el sistema adversarial acusatorio y abandonar lo inquisitorio que mantuvimos por largo más de un siglo, proveniente de la legislación francesa:

“Art. 2.- Solución del conflicto. Los tribunales procuran resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, para contribuir a restaurar la armonía social. En todo caso, al proceso penal se le reconoce el carácter de medida extrema de la política criminal.”

Si se hace un examen de la asimetría de los énfasis del Estado nuestro frente al fenómeno criminal del narcotráfico, contrastando los dos artículos transcritos, habrá que hacerlo ponderando ese garantismo tan hermoso como peligroso de la justicia alternativa que conduce al ideal de que el evento penal sea lo último a lo que se deba recurrir y que se habrán de agotar todos los esfuerzos para el restablecimiento de la convivencia social armónica como cuestión fundamental.

Uno se pregunta: ¿Podrá alguien decirnos de qué modo un medio social como el nuestro podría intentar tan brillante meta frente al Crimen Organizado y la labor incesante de sus bandas organizadas?   Me permito dudarlo.

Por otra parte, es bueno apuntar que nuestro caso es bien peculiar en razón de tener más de un millón de nuestros nacionales establecidos en los Estados Unidos, así como cientos de miles radicados en Europa, El Caribe y América del Sur, por lo que necesitamos un sistema más eficaz de información compartida y de asistencia recíproca en lo judicial y en lo criminalístico.

Este es un aspecto para nosotros, los dominicanos, de extrema importancia, por lo que todas las prácticas de deportación de nuestros nacionales, particularmente aquellos condenados a penas parcialmente cumplidas, son las que están abriendo posibilidades más peligrosas de toma de espacio mediante la infección desastrosa de organizaciones políticas tradicionales, al través de los mecanismos de apoyo externo y de alianzas evidentemente capciosas en las lides electorales.

Se nos dirá que en estas consideraciones hay aspectos que corresponden totalmente a los fueros de nuestra soberanía; que, por consiguiente, son parte de nuestra agenda de gestión pública.  Sin embargo, frente a tales observaciones, estoy convencido de que la etnia criminal vastísima y de gran adiestramiento del Crimen Organizado, obliga a los Estados a acoplar apretadamente sus iniciativas y esfuerzos, buscando hacer la resistencia al crimen cada vez más efectiva, en capacidad de contribuir al desmantelamiento de todas esas redes que se saben tejer entre droga, política, economía y sociedad.

Si perdemos de vista, pues, que la lucha de que se trata es un problema de disputas por espacios, difícilmente podremos alcanzar niveles satisfactorios en la reacción de las sociedades nuestras buscando proteger y preservar su sistema de valores establecidos.

Concluyo, como invariablemente hacemos los abogados, sugiriendo algunas cosas, a mi modo de ver indispensables para impulsar la eficacia de nuestros esforzados propósitos:

1.  La interdicción de droga de los vuelos ilícitos hacia Haití puede ser gestionada, bien como una ampliación del mandato de ONU, necesariamente transitorio, ora como cosa pautada en un convenio regional multilateral, con la participación fundamental de su gobierno, particularmente destinado a ser el marco jurídico de las tareas interagenciales en el Caribe.

•  Revisar y lubricar todo el estatuto de la política de Extradición; propugnar por la creación de establecimientos penitenciarios manejados bajo patrones de dirección internacionales para la terminación del cumplimiento de penas, evitando así la recirculación de agentes delictivos capaces de aumentar la eficiencia de sus operaciones en base a las propias riquezas adquiridas y mantenidas con insultante impunidad.

• El establecimiento de Rayos X de alta resolución y de última generación en los puertos y aeropuertos a fin de reducir al mínimo el carácter aleatorio del control.

• El proveimiento de recursos apropiados para la obtención de lanchas rápidas en capacidad de resultar efectivas en la caza de naves dedicadas al acarreo de las drogas ilícitas hacia las costas, tanto de República Dominicana, como de Haití.  A todo ello, así como el financiamiento de radares de superficie y equipos de detección y de navegación suficientemente avanzados, para contrarrestar el siniestro ingenio del Crimen Organizado para el acarreo de sus drogas por la mar.

• Un sistema de comunicaciones común, así como el entrenamiento de operadores de la ley, para propiciar mejoramientos de todo el sistema de inteligencia sofisticada que permita identificar, no solo la ocurrencia de hechos criminales, sino también la conformación de mecanismos y estructuras alojados en la sociedad tendientes a darles albergue a las tramas del Crimen Organizado, cuyas estrategias son más preocupantes que sus operaciones tácticas del día a día, tan desquiciantes y sanguinarias.

Todo ésto es mi testimonio, que no deja de ser una honrada y sincera exhortación a los representantes de tantas naciones agredidas y turbadas por el crimen, aquí reunidas.

Muchas Gracias.”

En este miércoles 25 de septiembre se conmemora una ocurrencia luctuosa que ensombreciera por largo tiempo los destinos nacionales: el Golpe de Estado contra el régimen democrático que presidiera un prócer de la República, Juan Bosch.  Al encontrarnos propiamente en el umbral de una cita escabrosa el 6 de octubre venidero, en el cual se habrá de dirimir una inconcebible disputa intrapartido en primarias abiertas como muestra penosa al ofrecer un verdadero espectáculo de rencores, lo lógico hubiese sido que estas entregas se refirieran a esos sucesos.

Sin embargo, como yo creo mi deber de servir a la orientación pública, tanto desde La Repuesta como desde La Pregunta, quiero recalcar ésto: Hace ya mucho tiempo que como político dejé de pensar en elecciones y como hijo de esta tierra debo pensar en el flagelo permanente de la droga, que es el que le sobreasegura las mayores desdichas.  Es como repetir aquello de “las generaciones primero y las elecciones después”.

¿Aprueban ustedes el método que he utilizado?  Ruego a Dios que así sea.