“A estas alturas del juego, la defensa, y en este caso específico, la defensa de Víctor Díaz Rúa, sigue sin poder afectar la acusación del Ministerio Público”, dijo el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
“No puede ser de otra manera, cuando la propia defensa al inicio del juicio en el día de hoy reconoce que un testigo del Ministerio Público, Mauricio Dantas Bezerra, vincula en este caso a tres personas y esas tres personas, que, incluso, ellos mismos reconocen, se trata de Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga y Ángel Rondón Rijo”, indicó.
Camacho dijo que de esa manera no hay forma de que pueda llevar razón la defensa, “y nosotros entendemos que estas afirmaciones que ni la propia defensa puede negar y las evidencias de corroboración que ha presentado el Ministerio Público nos darán la razón al final de este proceso”.
El titular de la Pepca ofreció sus declaraciones al responder preguntas de la prensa, luego de que las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, suspendieran el juicio hasta este martes 24 de agosto, a partir de las 9:00 de la mañana.
Durante la sesión de este lunes, la defensa de Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas, inició con su discurso de cierre sobre la acusación del Ministerio Público por su vinculación a los US$92 millones que Odebrecht admitió haber distribuido para granjearse la adjudicación de contratos de obras públicas en el país.
A Díaz Rúa le imputan los delitos de soborno en el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito, falsedad en las declaraciones juradas y lavado de activos producto de infracciones graves.
El órgano acusador pide que Díaz Rúa y el coimputado Ángel Rondón Rijo, representante empresarial de Odebrecth, sean condenados a 10 años de prisión; Conrado Pittaluga a siete años y cinco años para los exlegisladores Porfirio Andrés Bautista García y Tommy Galán Grullón, así como Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa.
Además, solicita para cada uno de los imputados una multa de 200 salarios mínimos, que se ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado dominicano y que sean sentenciados al pago de las costas del proceso, además de que se le varíe la medida de coerción por prisión preventiva.
En esta fase final del proceso las juezas Méndez, Yunes y Naranjo escuchan los discursos de clausura de las partes. El primero en hacerlo fue el Ministerio Público, luego la defensa de Rondón Rijo y ahora Díaz Rúa.
Entre las imputaciones presentadas por la Pepca contra los procesados figuran violaciones al Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, y la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
